El Estado laico: una condición para la libertad y la democracia en el Perú

La relación entre religión y poder político ha acompañado buena parte de la historia del Perú. Desde la conquista española, cuando la evangelización fue parte del proyecto de dominación colonial, hasta los debates parlamentarios contemporáneos sobre educación, derechos sexuales y reproductivos o políticas de igualdad, las convicciones religiosas han tenido una presencia considerable en las decisiones que afectan a toda la sociedad.

Esa influencia plantea una pregunta que conserva plena vigencia: ¿quién debe decidir las reglas bajo las cuales vivimos? ¿Las autoridades elegidas por la ciudadanía, mediante procedimientos democráticos y con respeto a los derechos humanos, o las instituciones religiosas que pretenden convertir sus principios morales en normas obligatorias para todos?

La defensa del Estado laico parte de una respuesta sencilla: las leyes deben responder a las necesidades, los derechos y las libertades de las personas que integran la sociedad. Su legitimidad procede de la ciudadanía y del orden constitucional, no de una autoridad religiosa ni de la interpretación particular de una doctrina.

Esta idea tiene consecuencias directas para creyentes, ateos, agnósticos y personas que profesan distintas religiones. En una sociedad donde conviven tantas maneras de entender la vida, el Estado debe garantizar que cada persona pueda desarrollar sus convicciones sin que una de ellas adquiera privilegios políticos sobre las demás.

El Estado laico es, en ese sentido, una condición para que la libertad de conciencia tenga verdadero contenido.

Una historia republicana marcada por la influencia religiosa

Para entender la situación peruana hay que remontarse a los primeros años de la República. La independencia política de España no significó una ruptura equivalente con las estructuras religiosas heredadas de la Colonia. La Iglesia católica conservó una posición privilegiada en la organización social y en la vida institucional del país.

Durante el periodo colonial, la Iglesia había participado en la educación, la administración de hospitales, la asistencia social y la organización de la vida cotidiana. También había ejercido una influencia decisiva sobre la cultura, las costumbres y las normas que regulaban la conducta de la población. La religión católica formaba parte del orden político y jurídico de la monarquía española.

La República heredó buena parte de esa estructura. Las primeras constituciones peruanas reconocieron al catolicismo como religión del Estado y restringieron el ejercicio público de otros cultos. La construcción de un orden republicano convivió así con una concepción confesional de la nación.

Durante el siglo XIX surgieron debates y reformas liberales que fueron delimitando las competencias de la Iglesia y del Estado. La implantación de registros civiles, las discusiones sobre el matrimonio y la administración de los cementerios formaron parte de un proceso más amplio: trasladar progresivamente a las instituciones civiles responsabilidades que durante siglos habían estado bajo autoridad eclesiástica. El proceso estuvo acompañado de tensiones políticas y religiosas y avanzó de manera desigual.

La Constitución de 1979 representó un cambio importante en esta trayectoria. Reconoció la independencia y autonomía del Estado frente a la Iglesia católica y abrió un marco de cooperación que también contemplaba a otras confesiones. Se abandonaba así el modelo constitucional que reservaba al catolicismo el estatus de religión oficial.

Sin embargo, la separación institucional no llegó a significar una igualdad plena entre las distintas convicciones religiosas y filosóficas.

Un episodio especialmente importante ocurrió el 19 de julio de 1980, cuando el Estado peruano y la Santa Sede firmaron el Acuerdo que regula sus relaciones. El documento, aprobado mediante el Decreto Ley 23211, estableció un marco jurídico específico para la Iglesia católica y reconoció diversas condiciones para el desarrollo de sus actividades en el país. El acuerdo continúa vigente.

La Constitución de 1993 mantuvo este esquema en su artículo 50. Su redacción reconoce a la Iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y establece que el Estado le presta colaboración. También dispone que respeta a las demás confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.

Esta disposición merece atención. Reconocer la importancia histórica de una institución es perfectamente legítimo. La Iglesia católica ha tenido una influencia innegable en la historia peruana, del mismo modo que otras tradiciones culturales han contribuido a formar nuestra sociedad. El problema aparece cuando ese reconocimiento histórico se convierte en una justificación permanente para mantener diferencias de trato entre organizaciones religiosas y entre ciudadanos.

La historia explica la posición que ocupa una institución. Por sí sola, no determina qué privilegios debe conservar en una democracia contemporánea.

¿Es el Perú un Estado laico?

La respuesta requiere algunas precisiones.

El Perú no tiene una religión oficial en su Constitución vigente. El artículo 50 reconoce la independencia y autonomía del Estado frente a las confesiones religiosas, un principio compatible con la laicidad. Sin embargo, el mismo artículo establece una relación especial de colaboración con la Iglesia católica, respaldada además por el Acuerdo de 1980.

Por eso, el modelo peruano suele describirse como un régimen de laicidad con colaboración. El Tribunal Constitucional ha señalado que la autonomía estatal exige neutralidad en materia religiosa y que el Estado no puede identificarse con una confesión ni imponer una determinada creencia. La colaboración, por tanto, debe respetar los derechos fundamentales y la igualdad.

En la práctica, queda una discusión legítima sobre el alcance de esa colaboración y sobre la necesidad de revisar las asimetrías históricas. La pregunta es especialmente pertinente cuando se examinan los beneficios institucionales, el financiamiento público, la presencia de autoridades religiosas en ceremonias oficiales y el lugar que ocupa la enseñanza confesional en el sistema educativo.

La laicidad exige que las decisiones estatales puedan justificarse mediante razones públicas: derechos, necesidades sociales, evidencia disponible y principios constitucionales. Un argumento religioso puede formar parte de la deliberación ciudadana, como cualquier otra convicción personal. Lo que no puede hacer es convertirse, por su origen religioso, en una razón suficiente para imponer una obligación al conjunto de la población.

Un ciudadano católico puede defender una posición política inspirada en su fe. Un ciudadano evangélico puede hacer lo mismo. Un ateo puede fundamentar sus propuestas en una filosofía humanista. Todos tienen el mismo derecho a participar en el debate. La responsabilidad de las instituciones públicas consiste en evaluar las propuestas por sus argumentos, sus consecuencias y su compatibilidad con los derechos de todos.

Esta distinción evita una confusión frecuente: defender el Estado laico no significa exigir que las personas creyentes oculten sus convicciones ni impedir que las organizaciones religiosas participen en la sociedad. Significa que ninguna de ellas puede disponer del poder estatal para convertir sus creencias particulares en obligaciones generales.

Cuando las convicciones religiosas llegan al Congreso

La defensa del Estado laico adquiere especial importancia cuando se examina la actividad legislativa.

En el Perú, los debates sobre educación sexual, derechos reproductivos, matrimonio igualitario, identidad de género y derechos de las personas LGBTIQ+ muestran hasta qué punto las convicciones religiosas pueden influir en la agenda política. Diversas organizaciones confesionales participan activamente en estos asuntos y tienen pleno derecho a expresar sus posiciones. El problema surge cuando representantes políticos utilizan su autoridad para trasladar esas posiciones al ordenamiento jurídico sin una justificación suficiente desde los derechos y el interés público.

Una democracia permite que existan desacuerdos morales profundos. El papel del Congreso consiste en procesarlos mediante procedimientos constitucionales y decisiones justificables ante toda la ciudadanía. Una creencia sobre el matrimonio, la sexualidad o el origen de la vida puede orientar la conducta de quien la comparte. Para convertirse en una restricción legal de las libertades ajenas necesita argumentos adicionales.

Pensemos en la educación. Una familia tiene derecho a transmitir a sus hijos sus valores religiosos y a procurar que reciban formación conforme a sus convicciones, dentro del marco legal. Sin embargo, la educación pública tiene responsabilidades que alcanzan a toda la población: proporcionar conocimientos científicos, desarrollar el pensamiento crítico, enseñar a convivir con las diferencias y ofrecer herramientas para tomar decisiones informadas.

Cuando la enseñanza pública presenta una doctrina religiosa como verdad institucional, el Estado abandona su posición de imparcialidad. Los estudiantes que pertenecen a otras religiones, que tienen convicciones distintas o que carecen de ellas pueden sentirse ajenos a una institución que debería representarlos por igual.

Algo semejante ocurre con los derechos sexuales y reproductivos. Las personas tienen derecho a orientar su vida de acuerdo con sus principios religiosos o filosóficos. Quien considera que determinados métodos anticonceptivos o decisiones reproductivas contradicen su fe puede abstenerse de utilizarlos. Sin embargo, esa decisión individual no debería privar a los demás de información, servicios sanitarios y derechos reconocidos por la legislación.

El caso de Ana Estrada ofrece otra perspectiva sobre este debate. En 2022, la justicia peruana reconoció, mediante una decisión judicial, su derecho a acceder a un procedimiento de muerte digna bajo determinadas condiciones. Su caso puso en discusión la autonomía personal, la dignidad y el alcance de las decisiones individuales frente a las concepciones morales que consideran que la vida debe prolongarse en cualquier circunstancia.

La cuestión de fondo es quién tiene autoridad sobre las decisiones que afectan a la propia existencia. En una sociedad plural, el Estado debe proteger la libertad de las personas para tomar decisiones sobre su vida dentro del marco de los derechos fundamentales. Una concepción religiosa puede orientar a sus seguidores, pero no debería convertirse en una obligación legal para quienes no la comparten.

La defensa del Estado laico en el mundo

La discusión sobre la separación entre religión y Estado está lejos de ser un asunto exclusivamente peruano. En distintas regiones del mundo, movimientos políticos vinculados a tradiciones religiosas buscan que determinadas interpretaciones de la fe tengan un papel determinante en la legislación y en la definición de la identidad nacional.

En India, el nacionalismo hindú ha impulsado una concepción de la nación estrechamente vinculada a la religión mayoritaria. En Israel, las alianzas entre partidos religiosos y otras fuerzas políticas influyen en debates sobre legislación, ciudadanía y derechos. En Estados Unidos, el nacionalismo cristiano ha adquirido protagonismo en sectores políticos que defienden una mayor presencia de determinadas interpretaciones del cristianismo en las instituciones y las leyes.

Estos fenómenos tienen características propias y responden a historias diferentes. Sin embargo, comparten una cuestión política: la pretensión de que una tradición religiosa particular tenga una autoridad especial para definir los valores y las normas de una sociedad.

El Pew Research Center ha documentado esta relación entre religión e identidad nacional en un estudio internacional publicado en 2025. Su investigación examina, entre otros aspectos, el respaldo ciudadano a la idea de que la religión históricamente predominante debe orientar las políticas públicas y determinar las creencias de quienes gobiernan.

En este contexto, la defensa del Estado laico forma parte de una discusión internacional sobre la calidad de las democracias y la protección de los derechos humanos.

Las Naciones Unidas reconocen la libertad de pensamiento, conciencia y religión como un derecho que comprende tanto la posibilidad de profesar una religión como la de cambiarla, abandonarla o no tener ninguna. La protección alcanza también a quienes expresan sus convicciones públicamente y a quienes deciden no identificarse con ninguna tradición religiosa.

Este último aspecto merece especial atención. En ocasiones, la libertad religiosa se interpreta como si fuera un derecho exclusivo de las personas creyentes. Su alcance es mucho más amplio: protege la autonomía de conciencia de todos los individuos, incluidos ateos, agnósticos y quienes mantienen posiciones filosóficas ajenas a las religiones organizadas.

Un Estado que protege la libertad de culto, pero discrimina a quienes no profesan una religión, no garantiza plenamente la libertad de conciencia. Del mismo modo, un Estado que favorece una religión mayoritaria puede terminar restringiendo la libertad de sus propios creyentes, especialmente cuando las autoridades adoptan una interpretación religiosa determinada y la convierten en criterio de conducta para toda la población.

La experiencia internacional muestra que la convivencia democrática necesita instituciones capaces de mantener su independencia frente a las organizaciones religiosas y de proteger a las personas frente a cualquier forma de discriminación por sus convicciones.

La libertad de conciencia también pertenece a quienes no creen

En el debate sobre la laicidad suele prestarse poca atención a un sector de la ciudadanía: las personas que no profesan ninguna religión.

En sociedades donde el catolicismo ha tenido una presencia histórica dominante, como la peruana, la religión suele aparecer integrada en las costumbres, el lenguaje institucional y las celebraciones públicas. Esa realidad puede hacer que la ausencia de creencias religiosas pase inadvertida o sea considerada una excepción que merece explicación.

Sin embargo, ser ateo, agnóstico o no tener afiliación religiosa es una posición legítima dentro de una sociedad democrática. No implica carecer de principios éticos, rechazar la convivencia social ni mantener una postura hostil hacia quienes creen.

Las personas pueden construir sus principios morales a partir de la razón, la experiencia, la empatía, el conocimiento científico y la reflexión sobre las consecuencias de sus actos. El humanismo secular, por ejemplo, propone que los seres humanos pueden encontrar fundamentos para una vida ética y solidaria sin recurrir a explicaciones sobrenaturales.

La defensa del Estado laico reconoce esa pluralidad de convicciones. También protege a quienes practican religiones minoritarias, a quienes cambian de religión y a quienes prefieren mantener sus creencias en el ámbito personal.

Esto tiene una consecuencia concreta: ninguna persona debería recibir un trato desfavorable por no participar en una ceremonia religiosa, por no pertenecer a una iglesia o por expresar públicamente una posición atea. Tampoco debería sentirse obligada a participar en actividades confesionales para acceder a un servicio público, una oportunidad educativa o un reconocimiento institucional.

En el Perú, esta discusión tiene especial relevancia en la educación pública, las ceremonias oficiales y los procedimientos administrativos. La neutralidad estatal debe reflejarse en la experiencia cotidiana de los ciudadanos, no quedarse como una declaración constitucional.

Una separación que beneficia también a las religiones

Existe una razón adicional para defender la independencia entre las instituciones religiosas y el poder político: esa separación también protege a las propias religiones.

Cuando una confesión obtiene una posición privilegiada ante el Estado, su relación con el poder puede terminar comprometiendo su autonomía. Sus dirigentes pueden convertirse en interlocutores políticos permanentes, sus posiciones doctrinales pueden adquirir consecuencias legales y sus intereses institucionales pueden confundirse con los del gobierno.

La independencia permite que las comunidades religiosas desarrollen sus actividades, expresen sus opiniones, critiquen a las autoridades y participen en iniciativas sociales sin depender de la protección o el respaldo del poder político.

También protege a los creyentes frente a la imposición de una interpretación oficial de su propia religión. Dentro de una misma tradición existen diferencias teológicas, culturales y morales. Ningún gobierno debería decidir cuál de esas interpretaciones merece reconocimiento o influencia institucional.

Por eso, la laicidad debe entenderse como una garantía de libertad para toda la sociedad. Las organizaciones religiosas pueden participar en el debate público, desarrollar actividades educativas, realizar labores sociales y defender sus posiciones. Lo que corresponde evitar es que su condición religiosa les otorgue una autoridad política que no tienen las demás organizaciones ciudadanas.

La colaboración entre el Estado y las organizaciones religiosas puede ser legítima cuando responde a objetivos públicos, respeta las normas generales y se desarrolla sin discriminación. Para ello, debe existir transparencia en el uso de los recursos públicos y criterios de acceso que puedan aplicarse también a organizaciones humanistas, filosóficas y de otras convicciones.

Una tarea pendiente para la República peruana

La defensa del Estado laico en el Perú requiere avanzar en varios frentes.

En primer lugar, es necesario revisar el marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica para garantizar que la colaboración prevista en el artículo 50 de la Constitución no produzca privilegios incompatibles con la igualdad ciudadana. Esto incluye examinar el alcance del Acuerdo de 1980 y su adecuación a una sociedad que ha cambiado considerablemente desde su suscripción.

En segundo lugar, el sistema educativo público debe preservar su carácter científico, plural y respetuoso de la libertad de conciencia. La enseñanza de las religiones como fenómenos históricos, culturales y sociales puede contribuir a la comprensión de nuestra sociedad. La formación confesional, en cambio, corresponde a las familias y a las comunidades religiosas. El Estado tiene la responsabilidad de proporcionar una educación que no presuponga la adhesión a una fe determinada.

En tercer lugar, las decisiones legislativas deben sustentarse en argumentos que puedan ser examinados por toda la ciudadanía. Los congresistas tienen derecho a sus convicciones religiosas, pero sus responsabilidades públicas les exigen justificar las leyes mediante razones relacionadas con los derechos, la evidencia y el interés general. La autoridad de un texto sagrado o de una jerarquía religiosa no constituye, por sí misma, una justificación suficiente para restringir las libertades de terceros.

Finalmente, hace falta una mayor cultura de respeto hacia la diversidad de convicciones. La discriminación contra las personas no creyentes, la presunción de que la moral depende necesariamente de la religión y la asociación automática entre identidad nacional y pertenencia religiosa son expresiones de una concepción limitada de la ciudadanía.

Estos cambios requieren participación social, discusión pública y voluntad política. También exigen que las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones humanistas y ateas, participen activamente en la defensa de los derechos y en la vigilancia de las instituciones.

El Estado pertenece a todos

El Perú es una sociedad con una historia profundamente vinculada al catolicismo, pero también con tradiciones indígenas, diversas comunidades religiosas y una población creciente que no se identifica con ninguna religión. Esa diversidad forma parte de nuestra realidad y debe encontrar reconocimiento en las instituciones de la República.

La defensa del Estado laico no busca borrar la historia religiosa del país ni limitar la libertad de quienes encuentran en la fe una orientación para sus vidas. Busca que esa libertad tenga las mismas garantías que cualquier otra convicción y que ninguna institución pueda convertir su autoridad religiosa en poder político sobre el conjunto de la ciudadanía.

Una democracia necesita que sus leyes puedan discutirse y justificarse ante personas que tienen distintas ideas sobre la existencia, la moral y el sentido de la vida. Cuando una norma afecta los derechos de todos, su fundamento debe encontrarse en razones públicas, principios constitucionales y consideraciones que puedan ser examinadas independientemente de la fe de cada persona.

La Asociación Peruana de Ateos defiende esta concepción desde una perspectiva humanista: las personas tienen capacidad para construir una sociedad basada en la dignidad, la libertad, la responsabilidad y el respeto mutuo. La convivencia no necesita una doctrina religiosa obligatoria, sino instituciones que protejan los derechos de todos y ciudadanos dispuestos a reconocer la autonomía de los demás.

La República peruana tiene una oportunidad de avanzar hacia una relación más equilibrada entre las convicciones personales y el poder público. Para ello, necesita completar una tarea que su historia dejó pendiente: consolidar un Estado cuya legitimidad proceda de sus ciudadanos y cuya actuación no dependa de ninguna autoridad religiosa.

El Estado laico es una garantía de que cada persona pueda creer, cambiar de creencia o no creer, y seguir siendo, en igualdad de condiciones, parte de la misma comunidad política.

Referencias para profundizar

Estas son algunas fuentes institucionales y académicas que respaldan los principales aspectos históricos y jurídicos del artículo:

1. Constitución Política del Perú, artículo 50. Congreso de la República.
2. Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú (1980). Ministerio de Relaciones Exteriores.
3. Iberico Ruiz, Rolando (2024). Política y catolicismo en el Perú decimonónico: entre el patronato estatal y el deseado concordato. Historia Constitucional.
4. Abad Yupanqui, Samuel. Libertad religiosa y Estado Constitucional. Derecho PUCP.
5. Revilla Izquierdo, Milagros Aurora (2013). El sistema de relación Iglesia–Estado peruano. Pensamiento Constitucional, PUCP.
6. Pew Research Center (2025). Comparing Levels of Religious Nationalism Around the World. Pew Research Center.
7. Naciones Unidas (2024). Resolución sobre la libertad de religión o de creencias. Consejo de Derechos Humanos.